Durante la última dictadura militar, se practicó una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales, a través del aparato organizado del poder, que actuó bajo la forma del terrorismo de estado. Actualmente, las políticas públicas del gobierno nacional ubican el tema en el marco de la crisis política, económica e institucional de diciembre de 2001. La problemática de los derechos humanos, individuales y colectivos, está vinculada a la recuperación de la legitimidad de las instituciones y de la confianza de vastos sectores sociales en el sistema democrático.
Punto Final y Obediencia Debida
El 14 de junio de 2005 fueron anuladas las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, mediante las cuales se había exculpado a gran parte de los militares de rango inferior, participantes del terrorismo de Estado. Con una mayoría de siete ministros, el alto tribunal declaró inconstitucionales dichas leyes, convalidando la norma que las había anulado. La situación legal se retrotrae a 1986, ya que la decisión de
Están destinadas a personas que estuvieron detenidas o a familiares de aquéllas que fueron desaparecidas, que sufrieron lesiones gravísimas, o que nacieron durante la privación de la libertad de sus madres durante la última dictadura militar, como consecuencia del accionar represivo. Tales políticas de reparación son implementadas por
Alejandro y Daniel
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